Manual de tráfico y seguridad vial

Muchas de las empresas se ven obligadas a cerrar cuando durante un largo periodo de tiempo no obtienen la financiación necesaria para su circulante, porque  por muy buenos fundamentos  económicos que tengan, no pueden aguantar con recursos propios la financiación necesaria por tiempo indefinido.
Todo ello es el resultado de una crisis que se inició con un claro componente financiero y que se trasladó con una fuerza devastadora a la economía real.  De ahí que probablemente son las PYMES las que más están padeciendo sus consecuencias.

En esta complicada situación financiera aparece la segunda edición de este libro, en la  que hemos incorporado  los cambios experimentados en el actual sistema financiero y en el entorno regulatorio del mismo, sin renunciar a nuestro objetivo original  que sigue siendo facilitar a las PYME y profesionales una sencilla y efectiva herramienta, que mediante el conocimiento y los ejemplos prácticos  les ayude a gestionar sus finanzas en unos momentos tan complejos como los que estamos viviendo.

La nueva L.G.T. 58/2003, 17 diciembre y el Reglamento del Régimen Sancionador, aprobado por R.D. 2063/2004, 15 octubre, introducen una profundísima reforma en el régimen sancionador tributario.

En primer lugar se produce un cambio, en aras de los principios de legalidad y seguridad jurídica, dejando que sea la Ley y no el Reglamento quien defina cada una de las infracciones y sanciones y sobre todo quien establezca cómo deben calificarse las infracciones tributarias, graduando asimismo las sanciones.

Además la separación entre los procedimientos de aplicación de los tributos y los procedimientos sancionadores se ha llevado a sus últimas consecuencias.
La nueva Ley introduce no sólo una separación de los mismos sino también lo que podemos llamar una separación objetiva y subjetiva. Objetiva porque la sanción ya no es un elemento de la deuda tributaria, y subjetiva porque ya no figura el sujeto infractor en la relación de los obligados de la deuda tributaria.

Se potencia en gran manera el elemento subjetivo del tipo infractor adquiriendo la culpabilidad un relevante protagonismo. Podemos afirmar que el legislador configura el régimen sancionador tributario reservando las sanciones más elevadas a los sujetos infractores que tienen una conducta más culpable y se muestra más generoso con los sujetos infractores que se arrepienten en determinadas infracciones tributarias.

La Ley establece igualmente una nueva clasificación de las infracciones tributarias abandonando la distinción entre infracciones simples y graves y pasando a distinguir entre infracciones leves, graves y muy graves en función de la gravedad de la conducta sancionable.

Se introducen además entre otras novedades las siguientes:
• El descuento del 25% para las sanciones que se pagan en período voluntario.
• El descuento del 50% para la sanción en el caso de las Actas con acuerdo.
• Introduce una nueva infracción (art. 194) por la solicitud indebida de
devolución o de otro beneficio fiscal.
• La no exigencia de intereses de demora para las sanciones suspendidas
por estar recurridas hasta que no sean firmes y concluya el período
voluntario de pago que se notifique al infractor.

El presente trabajo pone de manifiesto que la regulación de los recursos administrativos especiales, concretamente en materia de recaudación o de aplicación y efectividad de ingresos de derecho público, bien correspondientes a la Administración General del Estado, a las Comunidades Autónomas o a los Entes Locales, no es tan simplificada como se ha considerado e impone al interesado una complejidad ciertamente trascendente, siempre alejando temporalmente la vía judicial contencioso-administrativa.

Todo ello se refleja acentuadamente en la materia de recursos administrativos especiales, siempre configurados bajo la naturaleza de recursos obligatorios y si se establecen recursos potestativos lo son con carácter previo a la vía judicial contencioso-administrativa.

El autor del presente trabajo, sigue decantándose por la defendida procedencia de la instauración de recursos administrativos meramente potestativos, dando lugar a que sea el mismo interesado recurrente el que decida si le interesa seguir estando en la vía administrativa con los recursos administrativos que el
ordenamiento jurídico le ofrezca, para posteriormente acceder a la vía judicial contencioso-administrativa o a que sea el propio interesado el que decida si lo que más le interesa es acceder directamente, sin mayores trámites ni demoras, a la vía judicial contencioso-administrativa.

Por último destacar que la sistemática utilizada es, en primer lugar, la de resaltar  en cada capítulo los supuestos de interés decisivo. En segundo lugar, se relaciona la normativa esencial sobre estos supuestos, y, por último y a modo de conclusiones, se tratan como “Casos” un resumen sintético de los tres apartados. Todo ello para obtener una consulta rápida y una eficaz herramienta de trabajo.